Gustavo
Sierra.
"Guantánamo
es intolerable para el mundo", dice Leandro Despouy con su voz
seca y profunda. Sabe de qué habla, es uno de los cinco relatores de Naciones
Unidas que elaboró el informe sobre el campo de detención donde Estados
Unidos mantiene en un limbo jurídico a más de 500 prisioneros de la Guerra
Antiterrorista. Con el informe en la mano, la ONU pidió esta semana el
cierre inmediato del campo. Despouy combina este trabajo con su puesto de
Auditor General de la Nación y desde su despacho de la porteña calle Irigoyen
responde a las acusaciones de Estados Unidos de que el informe "está
basado sobre desinformación deliberadamente difundida por grupos
terroristas".
—¿Tuvieron información de terroristas?
—Hicimos el informe siguiendo todos los pasos legales
del procedimiento de Naciones Unidas. Tenemos el apoyo de la Unión Europea y
decenas de otros países del mundo. No es una crítica que esté a la altura de
nuestro trabajo.
—Guantánamo ya entra en su quinto año de existencia. ¿Por qué tomó
a la ONU tanto tiempo hacer este informe y llegar a la conclusión de que debe
ser cerrado?
—Testimonios y críticas al sistema hubo desde el
primer momento. Pero el procedimiento de Naciones Unidas implica necesariamente
el cumplimiento de determinadas consultas con el país involucrado. Y estuvimos
siguiendo ese procedimiento en los últimos tres años.
—Pero no tuvo el apoyo de Estados Unidos.
—Estados Unidos recibió el informe y nos enviaron sus
observaciones, como corresponde. Pero no pudimos acceder, como lo habíamos
requerido, a realizar una visita plena a Guantánamo.
—¿Pudieron hablar con los prisioneros?
—Esa es una parte fundamental del proceso y se nos fue
negada. Después de dos años de requisitoria, se invitó a tres de los cinco
relatores a visitar el campo de prisioneros, pero sin el derecho a hablar con
ellos. Me excluyeron a mí porque argumentaron que allí no encontraría ninguna
información sobre los procedimientos legales, que es mi especialidad, y a la
encargada de los derechos a la salud, porque creían que no tenía nada que ver
con el problema.
—¿Entonces, ¿cómo elaboraron el informe?
—Entrevistamos a seis de los detenidos que salieron de
Guantánamo. Dos de ellos en libertad en Gran Bretaña, pero los otros
encarcelados. Con la autorización y el apoyo de los gobiernos de España y
Francia, obtuvimos el testimonio de estas personas. Al mismo tiempo,
entrevistamos a los abogados que tienen contacto con los prisioneros.
Obviamente, a los familiares de los detenidos. Y agregamos todos los informes de
las ONG que trabajan en el tema.
—¿Cuál es el logro de este informe?
—Uno, fundamental: marca el fracaso rotundo de las cárceles
secretas. El mundo no puede tolerar un Guantánamo.
—Es un retroceso para el mundo.
—Cuando uno ve lo que sucede en la cárcel iraquí de
Abu Ghraib, en Afganistán, y por supuesto en Guantánamo, aparece que la práctica
de las prisiones secretas, tiene consecuencias graves en materia de derechos
humanos, cultiva focos de abusos de prácticas deleznables. Y es un grave
retroceso para la humanidad.
—¿No cree que hay una justificación de estas prácticas en el propio
gobierno estadounidense?
—Si hay un país al que no le conviene mantener cárceles
clandestinas es a Estados Unidos. Casualmente, ese un país importante por su
cultura que conlleva una libertad absoluta.
—En el informes se habla directamente de torturas.
—Hay condiciones de detención, con el aislamiento por
años que significa un trato inhumano degradante. Se aplican técnicas de
interrogatorio que abarcan sonidos enloquecedores, música a volúmenes
inaceptables, intimidación con perros y agravios a sus convicciones religiosas,
que es un tratamiento inhumano.
—¿Por qué no se enjuicia a los detenidos?
—Porque no tienen pruebas para condenarlos. Y las
pruebas que puedan llegar a haber obtenido en esos interrogatorios, no serían válidas.
Han renunciado al derecho, cuando de otra manera, bajo procedimientos democráticos,
hubiera sido posible condenar a muchos sospechosos de haber cometido horrendos
crímenes.
Fuente:
Diario «Clarín», Sección “El Mundo”, 19 de febrero de 2006.
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