UN CASO POLEMICO : TENIA UN EMBARAZO DE 18 SEMANAS

Le practicaron el aborto a la chica discapacitada de Entre Ríos que fue violada

Tras el fallo en contra de una jueza, el Superior Tribunal de Justicia lo autorizó. Pero los médicos se negaron por lo avanzado del embarazo. Al final la operaron en Mar del Plata.

Oscar Londero y Fernando Soriano

A 900 kilómetros de Paraná, donde fue violada, la joven discapacitada mental a la que la Justicia autorizó interrumpirle el embarazo finalmente pudo abortar.

La operación se realizó el sábado pasado, por la noche, bajo estricto silencio y con el aval del Ministerio de Salud de la Nación, que garantizó un equipo profesional y un hospital público de primer nivel para efectuar la intervención.

Por orden del ministro Ginés González García, la chica -que tiene 19 años y la edad mental de una nena de 5- fue trasladada a Mar del Plata e internada en el Hospital Materno Infantil de esa ciudad. En principio se había decidido mantener en reserva la información para evitar, como en casos similares (ver Antecedentes) mayores controversias con sectores que se oponían a la interrupción del embarazo, y a los que el mismo González García calificó como una "escalada peligrosa de fanáticos religiosos que se preocupan más por perseguir a los discapacitados violados y no a los violadores" (ver Por qué ...).

Fue el ministro quien confirmó que la joven se encuentra bien, que durante la operación no se produjeron complicaciones y que permanecerá en observación durante las próximas 72 horas.

"Se hizo la práctica solicitada, un aborto no punible. Fue una micro cesárea, y todo salió bien, por suerte", reconoció Hugo Casarca, director del hospital marplatense. La micro cesárea es una operación igual a la cesárea pero con una incisión menor, que tiene relación con el tamaño del feto.

La chica, acompañada por su madre, partió de Paraná a última hora del viernes, luego de conocerse la resistencia de los médicos del Hospital Materno Infantil San Roque, que por segunda vez en menos de un mes se negaron a interrumpir el embarazo.

Pese a que el Superior Tribunal de Justicia, a través de su Sala Civil, dictaminó que no hacía falta orden judicial para practicar la operación y que ese aborto no podía ser penado, el viernes se repitió la escena del 27 de agosto.

Ese día, la madre de la joven la acompañó hasta el hospital, donde le habían dado un turno para practicarle el aborto, sin saber que una resolución de la jueza de Menores Claudia Salomón lo impediría.

La magistrada, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la defensora de Menores Marcela Piterson, dispuso que los hospitales públicos y clínicas privadas de Entre Ríos se abstuvieran de practicarle el aborto.

Ese antecedente y la reiterada negativa del hospital San Roque, cuyos médicos plantearon el viernes pasado la objeción de conciencia, llevó a que el Ministerio de Salud de la Nación pusiera en marcha un sigiloso operativo. "Me resulta increíble que pasen estas cosas. Que intervengan abogados y jueces, que presionen a los padres, a los médicos, que entorpezcan, que ganen tiempo. Basta de perseguir a las violadas", insistió González García, quien intervino para que la chica no fuera operada finalmente en una entidad privada, como se iba a hacer en un momento, gracias a la gestión de organizaciones de derechos humanos. "El Estado debe garantizar los servicios públicos", dijo el ministro.

Además, desde el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Paraná se libró un exhorto firmado por la fiscal Cecilia Bértora con la intención de preservar elementos de prueba indispensables para la causa abierta por la violación de la joven discapacitada mental.

A través de ese escrito, se solicitó la intervención de un juez bonaerense, quien dispuso guardar en una bolsa plástica el material orgánico que se extrajo del cuerpo de la joven.

Eso fue sellado y se labró un acta que firmaron el director del hospital de Mar del Plata, el jefe de Ginecología, la diputada entrerriana Lucy Grimalt -que acompañó a la madre de la joven- y la delegada en Entre Ríos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Cristina Ponce.

La preservación de la prueba es necesaria para poder cotejarla con el ADN del hombre a quien la madre acusó ante la Justicia por la violación. Se trata de un cuñado suyo, que vive a pocas cuadras de su casa, en el barrio Moscón, al oeste de Paraná. Y que, pese a todo, sigue en libertad.

Fuente: Diario «Clarín», Sección “Sociedad”, 24 de septiembre de 2007.

                               .