SAN
FRANCISCO. AP, AFP Y EFE.
En
un giro judicial que desató un nuevo debate sobre la constitucionalidad de la
inyección letal, las autoridades de California postergaron en forma indefinida
la ejecución de un hombre condenado por torturar, violar y asesinar a una chica
de 17 años. Es que ningún médico ni enfermero en ese estado aceptó, por
razones éticas, aplicar la dosis mortal de sedantes.
Michael Morales, de 46 años, fue condenado en 1983 tras
confesar el crimen cometido en 1981, esperaba su ejecución en el "Corredor
de la muerte" de la prisión de San Quintín, frente a la bahía de San
Francisco. Su muerte estaba programada inicialmente para el primer minuto del
martes (cinco horas más en la Argentina). Pero se postergó luego de que dos
anestesistas se negaron a participar del proceso.
"Lo que nos están pidiendo es éticamente
inaceptable", afirmaron los anestesistas —sus nombres no trascendieron—
en un comunicado difundido por la prisión de San Quintín.
"Estamos aliviados de que estos temas serán a
partir de ahora analizados", dijo la abogada Natasha Minsker, de la
asociación de derechos civiles ACLU, al confirmar que la ejecución de Morales
había sido cancelada.
Lo que los médicos rechazaron fue un pedido del juez
federal de California Jeremy Fogel quien cuestionó el método utilizado
habitualmente para las ejecuciones, que podría generar unos minutos de agonía,
y ordenó un procedimiento que no se aplicó nunca.
Como otros 35 estados norteamericanos, California aplica
a sus condenados a muerte un cóctel de tres drogas: una para relajarlos, otra
para paralizarlos y una tercera para detener sus corazones, según detalló el
diario The Washington Post. Esa mezcla química es administrada por un
dispositivo técnico, a través de un tubo intravenoso en una habitación
contigua a la cámara de ejecuciones de la prisión.
Tras una serie de recursos presentados por los abogados
de Morales y bajo el argumento de que ese procedimiento no respeta el mandato
constitucional que prohíbe los castigos crueles, el juez Fogel ofreció una
alternativa a las autoridades de la prisión: llamar a médicos para que
controlaran el proceso y certificaran que Morales no sentiría dolor.
Pero las autoridades se encontraron con el
"no" de los anestesistas. Es que ellos podrían verse obligados a
ordenar la aplicación de más sedantes si el prisionero se despertaba o
mostraba signos de dolor, y no quisieron tener un rol tan activo en esa
muerte.
Así, la ejecución fue reprogramada para las 19.30 del
martes (las 0.30 del miércoles en la Argentina) y Fogel propuso una segunda
opción: pasar por alto las drogas para paralizar el cuerpo y el corazón y
matar a Morales con una sobredosis de sedantes. Ningún otro estado utiliza este
método, que llevaría cerca de media hora, contra los 10 minutos del
procedimiento habitual.
El juez puso como condición que esa inyección fuera
suministrada por una persona con licencia del estado para aplicar medicamentos
en forma intravenosa, un grupo que incluye a médicos, enfermeros, dentistas y
otros técnicos en medicina. Y otra vez, la prisión no encontró a ningún
especialista que se hiciera cargo.
"Nos han notificado que no van a seguir adelante
con la ejecución esta noche", informó Cathy Catterson, empleada del
Tribunal de Apelaciones de San Francisco.
Fogel tiene previsto realizar una audiencia el 1º de
mayo, para aclarar cuál debe ser el nuevo protocolo de ejecuciones. Por
eso la muerte de Morales queda suspendida al menos hasta ese mes.
El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, había
rechazado dos pedidos para modificar la sentencia por cadena perpetua sin
posibilidad de libertad condicional. Y los tribunales estadounidenses rechazaron
todas las solicitudes del prisionero.
Morales estranguló a Winchell con un cinturón, la
golpeó en la cabeza con un martillo, la cargó hasta un viñedo en la ciudad de
Lodi y la violó, señaló Schwarzenegger para explicar su rechazo a los pedidos
de clemencia. El asesino confesó luego que al cometer el crimen estaba bajo
efectos de drogas y alcohol.
Si no se hubiera aplazado su muerte, Morales hubiera
sido el tercer prisionero en ser ejecutado en California en los últimos tres
meses. Y el número 14 desde que se reinstaló la pena capital en ese estado, en
1978.
Fuente: Diario «Clarín», Sección “Sociedad”, 23 de febrero de 2006.
.