La reciente sanción
de la ley que penaliza la trata de personas es un paso positivo, a partir del
cual las instituciones deberán mostrar una voluntad más firme para proteger a
las víctimas y sancionar este gravísimo delito.
El delito fue definido como la "captación, transporte o traslado y la
acogida o recepción" de personas con fines de explotación sexual, laboral
o para la extracción de órganos. Las penas establecidas por la ley van de los
tres a los quince años de prisión.
Además, se le asignó entidad federal a este delito, lo cual permitirá que los
juzgados federales competentes puedan actuar en las diferentes jurisdicciones
del país, y esto se espera que pueda mejorar el rendimiento judicial en la
persecución de los responsables de este crimen.
Por otro lado, la ley aprobada recibió diversas impugnaciones porque requiere
que las víctimas demuestren que no consistieron las acciones y que se registró
un aprovechamiento de su vulnerabilidad, a través de formas de engaño,
violencia o amenazas. Seguramente, la problemática del consentimiento dará
lugar a futuros debates e interpretaciones en el marco de la aplicación de la
flamante ley.
En materia de protección y asistencia a las víctimas también se presenta un
importante camino por definir y recorrer. Pero de todos modos, es destacable que
se haya dado este paso legal, ya que sin él se carecía de una tipificación
penal y de una asignación de competencia adecuada, lo cual facilitaba la
impunidad.
La nueva ley contra la trata de personas es un paso positivo para
combatir actos que no tenían tipificación penal, lo cual facilitaba la
impunidad. A partir de ahora es necesario mayor voluntad para proteger a las víctimas.
Fuente:
Diario «Clarín», Sección “Opinión”, 18 de abril de 2008.
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