Mediante
opciones quirúrgicas
Cualquier
hombre o mujer que decidiera no tener más hijos podría requerir al sistema de
salud público y privado de todo el país que se le practicara una vasectomía o
una ligadura de trompas de Falopio, respectivamente, en caso de aprobarse en el
Congreso de la Nación un proyecto de ley sobre control de la natalidad.
La
iniciativa, que ya tiene dictamen en las distintas comisiones y por eso está
lista para ser debatida en el recinto de la Cámara de Diputados, establece que
no se requiere “indicación médica precisa, consentimiento del cónyuge ni
autorización judicial” para esos procedimientos, aunque el paciente debe dar
su consentimiento.
Esto
obliga a los médicos a explicar sus características y consecuencias, y las
alternativas de utilización de anticonceptivos no quirúrgicos. La autorización
judicial, sin embargo, será un “requisito ineludible” en el caso de menores
de edad o incapaces.
La
ligadura de trompas de Falopio (encargadas de liberar los óvulos en la mujer) y
la vasectomía (ligadura de conductos deferentes responsables de transportar los
espermatozoides en el hombre) impiden la fecundación, y su utilización en un
solo integrante de la pareja alcanza para evitar el embarazo.
El
proyecto, al que se opone fuertemente la Iglesia, entre otros sectores
religiosos y laicos, también incluye una objeción de conciencia, que libera a
los médicos y al personal auxiliar de practicar la intervención si atenta
contra sus convicciones, pero eso no exime al centro de salud de aplicar el
procedimiento con otro profesional.
Estipula
el proyecto en debate en el Congreso que la ligadura de trompas o de conductos
deferentes deberá ser realizada sin cargo por el sistema público de salud, por
las obras sociales y por las empresas de medicina prepaga, que, según la
iniciativa, "tienen la obligación de incorporar estas intervenciones a su
cobertura de modo tal de que resulten totalmente gratuitas para el
beneficiario".
El
dictamen que será llevado al recinto surgió como síntesis de seis proyectos
presentados por las diputadas kirchneristas Juliana Marino (Capital), Graciela
Gutiérrez (Santa Cruz) e Irene Bosch de Sartori (Misiones); por María del
Carmen Rico (Peronista Federal-Buenos Aires), por Marcela Rodríguez (ARI-Buenos
Aires) y por la ex diputada socialista María Elena Barbagelata.
Cambios
Aunque
la iniciativa tenía un pedido de preferencia del bloque kirchnerista para ser
tratado en la sesión del miércoles pasado, se suspendió por el reclamo de la
UCR y de ex duhaldistas del Peronismo Federal, para introducirle modificaciones.
Se sumaron a él el partido de Luis Patti (Paufe) y el del bloque de Pro, que reúne
a macristas, lopezmurphistas y a sus aliados provinciales.
"No
estamos en contra del tema de fondo, sino de forma, porque algunos artículos
tienen que ser reformulados", dijo a LA NACION la diputada Beatriz Leyba de
Martí (UCR-Córdoba), que planteó los reparos de varios de los legisladores críticos
al proyecto.
En
particular, rechazan que la práctica no requiera indicación médica específica,
ya que entienden que "siempre se necesita para una intervención quirúrgica"
y objetan que contemple la esterilización en menores de edad, porque -según
dicen- "únicamente es necesario si está en riesgo su vida", en
palabras de Leyba de Martí.
También
piden garantías para que el paciente sea bien informado sobre los riesgos y las
consecuencias de la operación, y asesorado por un psicólogo.
Cuestionamientos
"La
ley permite que una mujer se esterilice sin avisarle a su marido, y viceversa.
Es una locura y causal de divorcio que no se puede aceptar", se sumó, muy
crítico, el macrista Federico Pinedo, coordinador del interbloque Propuesta
Federal.
En
cambio, a ojos de los defensores, la iniciativa igualará la normativa sobre
anticoncepción quirúrgica en todo el país, que ahora está permitida por
legislaciones locales en 14 provincias.
Beneficios
"Pretende
otorgar mayor libertad y autonomía a las personas, porque no obliga, sino que
brinda posibilidades", sostuvo la diputada María del Carmen Rico
(Peronismo Federal-Buenos Aires), una de las autoras del proyecto en debate.
Según
la diputada Juliana Marino, otra promotora de la controvertida intervención
quirúrgica, se trata de un método anticonceptivo más y entiende que su
gratuidad permitirá "que no haya más discriminación" hacia la
población de menores recursos, que no tiene acceso a la operación.
En la
reunión de la Comisión de Salud, el encargado de dar las explicaciones técnicas
fue el médico y diputado Julio Arriaga (FV-Río Negro) que sostuvo que la
intervención es "absolutamente reversible" y que se realiza "por
medio de una laparoscopia, un procedimiento inocuo", aunque sus detractores
dicen lo contrario.
Divididos,
en ARI la mayoría del bloque avalará la iniciativa que redactó una de sus
propias diputadas, pero, en cambio, su jefa, Elisa Carrió, se opondrá por sus
creencias religiosas.
Incluso
en el kirchnerismo el polémico proyecto provocó debate y pudo saberse que
algunos legisladores pedirían libertad de conciencia para votar en contra. Sin
embargo, el oficialismo conserva su mayoría y confía en poder aprobarlo (ya
tiene dictamen favorable de las comisiones de Salud y de Familia) antes de fin
de mes.
Por
Laura Capriata
De la Redacción de LA NACION
Voces
en favor y en contra de la esterilización médica
El tratamiento de la ley que
autoriza la anticoncepción quirúrgica en los hospitales públicos, como la
ligadura de las trompas de Falopio, en las mujeres, y la vasectomía, en los
hombres, ya encendió la polémica. Aunque está bien vista por varios
profesionales médicos, voces de la Iglesia Católica se oponen firmemente a su
sanción.
"Estoy totalmente de acuerdo. Tiene que estar basado en la autonomía de la
persona y en el asesoramiento sobre los métodos anticonceptivos, constar en la
historia y asegurar la objeción de conciencia de los médicos", aseguró
el ginecólogo Mario Sebastiani, presidente de la Asociación de Ginecología y
Obstetricia Psicosomática y jefe de Ginecología del Hospital Italiano.
"No contar con esto es un sello de subdesarrollo. Me parece una locura
hacerlo en estado de clandestinidad", agregó Sebastiani.
El urólogo Edgardo Becher también se mostró "totalmente en favor"
del proyecto. "Estoy en favor de la planificación familiar y esta es una
práctica mínimamente invasiva", destacó.
"La discusión de la prohibición de la ligadura o la vasectomía por
considerar que está mal porque es irreversible y se daña un tejido sano ya no
va más. El paso del tiempo hizo que sea reversible. En la medida en que no sean
prácticas compulsivas u obligadas me parece que está perfecto -opinó el
director médico de Halitus Instituto Médico, Sergio Pasqualini-. El debate de
todo esto debería ser rápido", agregó.
"Me parece que por fin alguien se pone en favor de la gente. Lo único que
hacemos es habituarnos a una práctica frecuente en el mundo, obviamente que se
hace con el conocimiento de la persona a la que se la realiza", aseguró el
médico sexólogo León Gindín. "La mayor crítica que tenía es que era
irreversible, pero ya no lo es y la gente tiene derecho a elegir el método que
mejor le parezca", afirmó.
"Eliminar a los pobres"
"Parecería que como no se puede eliminar la pobreza, se elige eliminar a
los pobres, evitando que tengan hijos, porque es más barato y más sencillo que
darles educación y salud" , sostuvo Carlos Camean Ariza, director de
Comunicación de la Secretaría para la Familia, del Episcopado.
"El proyecto no prevé la realización de las intervenciones quirúrgicas
necesarias para restablecer la fertilidad, ni tampoco las financiará. Esto
restringe la posibilidad de que una persona pueda recuperar su capacidad de
procreación en caso que así lo requiera", objetaron desde el Secretariado
Nacional para la Familia de la Conferencia Episcopal Argentina.
"Los seres humanos contamos con nuestra capacidad de juicio para poder
discernir cómo y cuándo nuestras relaciones deben tener como resultado la
procreación de un nuevo ser humano. La esterilización nos degrada a la condición
de seres sin esa capacidad y esclavos de nuestros instintos. Pensar que los
pobres no pueden tener esa capacidad es una actitud discriminatoria. Es
necesario darles educación y posibilidades de progreso social", agregó
Camean Ariza.
"El hombre no es propietario ni dueño absoluto de su cuerpo, por lo que la
disposición sobre sus órganos y miembros está sujeta a principios y normas
que deben observar tanto el interesado como el médico interviniente. El
proyecto, cuya sanción se anuncia como inminente autoriza una mutilación
corporal que vulnera la dignidad de la persona humana", dijeron Alberto E.
Solanet y Juan Manuel Medrano, presidente y secretario, respectivamente, de la
Corporación de Abogados Católicos.
"Además, el ordenamiento que con inquietante celeridad se pretende aprobar
declara en su artículo 2° que "no se requiere indicación médica
precisa, consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización
judicial". De esta forma, se abandona el régimen establecido por el art.
20, inc. 18, de la ley 17.132, que regula el ejercicio de la medicina y se
intenta despenalizar una conducta que configura hasta hoy el delito de
lesiones", agregaron.
Los obispos de Río Negro exhortaron a sus legisladores a respetar el derecho a
la vida y, a las comunidades cristianas, a defenderlo: "El primer derecho
de una persona es el derecho a vivir. Por esto, debe ser protegido más que ningún
otro. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública, sea cual sea su
forma, conceder este derecho a unos y quitárselo a otros", sostiene un
comunicado de los obispos de Viedma, Bariloche y Alto Valle.
La asociación Familias del Mundo por la Paz (Fampaz) repudió la iniciativa por
considerar que "no ha respetado los pasos legislativos
correspondientes", pues consideran que debió ser discutida en un mayor número
de comisiones parlamentarias, según dijo Olga Muñoz, integrante de Fampaz.
"En el proyecto de ley prevalece la voluntad de decidir la mujer sobre su
cuerpo sin consentimiento del marido o pareja, en un tema tan serio como es la
procreación y que afecta intereses de terceros protegidos en el artículo 19 de
la Constitución. Por lo cual se ve dañada la institución familiar", opinó
Muñoz.
Por Cynthia Palacios
De la Redacción de LA NACION
Fuente: Diario «La Nación», Información General, 17 de Junio de 2006.
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