Por: Sibila Camps

La creciente judicialización de casos de aborto no punible preocupa no sólo a organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, sino también a los jueces de los máximos tribunales. La ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay consideró que "están equivocados" tanto los médicos que niegan la práctica, como los jueces que confirman este rechazo. El año pasado hubo al menos tres casos similares, derivados de violaciones, que terminaron innecesariamente en la Justicia. Sólo en las últimas semanas se conocieron otros tres casos, de menores de edad; uno de los dos ocurridos en Chubut -la chica abortó el viernes- llegó hasta la Corte provincial, que consideró que "el caso se judicializó indebidamente".

Si bien el Código Penal castiga el aborto, el artículo 86 contempla dos excepciones: si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación o abuso a una mujer "idiota o demente".

Si bien la ley sólo exige el consentimiento de la mujer, en muchos hospitales se niega la interrupción del embarazo aun en estas situaciones. Según Eduardo Sambrizzi, vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos, es por el temor de ser acusados "de haber practicado un aborto no contemplado como no punible, por cuanto la interpretación del artículo 86 no es unánime".

"Toda la jurisprudencia se basa en la interpretación amplia", señala la médica Mabel Bianco, de FEIM. Implica la despenalización en cualquier caso de violación. La restringida la acepta sólo si la víctima es discapacitada mental. La titular de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Nina Brugo, señala que el proyecto original tenía una coma después de "violación", que desapareció en el Boletín Oficial y dio lugar a esta ambigüedad.

"Ese miedo apareció en los últimos años, y hasta hay amenazas contra los médicos y los abogados. Es evidente que nunca se trabajó con los médicos, esto no se enseña en la facultad", apunta Bianco. Por eso la Corte de Chubut recomendó al Ejecutivo que elabore guías para médicos. El Ministerio de Salud de la Nación hizo la primera, en 2007; pocas provincias la adoptaron.

Según María Teresa Bossio, de Católicas por el Derecho a Decidir, quienes deniegan la práctica en situaciones no punibles "no están convencidos de los derechos de las mujeres, que están avalados por protocolos internacionales ratificados por la Argentina".

"Las chicas embarazadas tras ser violadas por un familiar cercano', con quien tienen un lazo afectivo,' sufren una depresión aguda muy violenta, que empieza a deteriorarlas físicamente -describe Bianco-: dejan de alimentarse, entran en autismo, abandonan el colegio, no quieren salir a la calle. Tienen la imagen del agresor en su vientre". "Sienten que lo que llevan adentro es un monstruo -revela Inés Hercovich, autora de 'El enigma sexual de la violación'-. En los casos que entrevisté, jamás hablaron del bebé, ni del hijo, ni del embarazo: hablaban de 'eso'".

En el Congreso hay varios proyectos que despejan las dudas restrictivas y amplían las situaciones autorizadas. Mañana, más de 35 diputados de 11 bloques presentarán el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los acompañarán las 250 organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Fuente: Diario «Clarín», Sección “Sociedad”, 15 de marzo de 2010.