Por ley, los argentinos pueden negarse a tratamientos médicos

A partir de los 18 años, se puede dejar asentado qué cuidados se desean recibir.

Por: Valeria Román

Después de cumplir los 18 años, cada argentino podrá manifestar su negativa a recibir algún tipo de tratamiento médico al final de su vida. Un derecho que fue reconocido ahora por la primera ley general de los derechos de los pacientes que el Congreso nacional sancionó el miércoles. La ley reconoce explícitamente que las personas sanas pueden dar sus "directivas anticipadas". Esto significa que todo adulto podrá "expresar ante un escribano público que no quiere ser sometido a métodos terapéuticos que afecten su dignidad para evitar el encarnizamiento terapéutico", explicó a Clarín Oscar Garay, abogado especializado en derecho médico y bioética, autor del Tratado de la responsabilidad civil en las especialidades médicas.

Con esta nueva norma, una persona podría dejar en claro que quisiera que le retiren un respirador artificial si llegase a quedar en estado vegetativo, ejemplificó Garay. Este derecho a las "directivas anticipadas" sólo estaba reconocido en Río Negro por una ley provincial.

Para Garay, la ley nacional sancionada "marcará un hito en la relación entre médicos y pacientes en la Argentina". Sin embargo, Ignacio Maglio, abogado del Hospital Muñiz y de la Fundación Huésped, consideró que los legisladores no tuvieron en cuenta el dilema de qué hacer con pacientes que quedaron inconscientes y no dejaron por escrito sus deseos. "La ley nacional no prevé qué hacer con los pacientes inconscientes que están bajo procedimientos que les prolongan la vida. Esta norma debería haber autorizado que los familiares puedan pedir el retiro del soporte vital".

La ley sancionada también reconoció otros dos derechos a los pacientes. Hasta ahora, muchos hospitales y clínicas pedían el consentimiento informado antes de someterlos a una cirugía. Pero, generalmente, se trataba sólo de conseguir su firma y poco se le explicaba. "Muchos lo usaban sólo para cubrirse", opinó Garay.

Ahora, la ley obligará a los profesionales de la salud a explicar con detalles qué procedimientos invasivos para diagnóstico o para tratamientos le darán a los pacientes, cuáles serán los beneficios y los riesgos, los potenciales efectos adversos, las otras opciones de tratamiento, y las consecuencias. Incluso, se deberá firmar el consentimiento informado ante cualquier internación. "El que sabe es el médico, pero se tomarán decisiones sobre el cuerpo del paciente. Por lo tanto, es el paciente quien debe aceptar o rechazar el tratamiento", aclaró Garay.

Hasta hace unos meses sólo había leyes sobre consentimiento informado en Río Negro, Tucumán, Formosa y Neuquén. Para Maglio, los médicos deberán adaptarse a que el consentimiento informado "no es sólo una declaración en papel, sino un proceso continuo de comunicación con los pacientes". Resaltó: "Los pacientes tienen derecho a recibir tanto los datos médicos como la información sobre cómo los procedimientos impactarán después en su vida diaria, en lo laboral y lo sexual".

Además, la ley -que fue un proyecto del legislador chubutense Marcelo Guinle- reconoce que cada paciente tendrá derecho a acceder a su historia clínica. "Existían muchas irregularidades en las historias clínicas: se perdían o no se llevaban de una manera estandarizada. Ahora hay una obligación de informatizarla. El paciente puede exigir una copia -afirmó el abogado Garay-. Si no se la dan en tiempo razonable, el paciente puede ir a la Justicia para presentar una acción judicial"

Los puntos clave que indica la ley

Que toda persona capaz mayor de edad -sana o enferma- puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico.



Que cada paciente o sus representantes legales pueden dar su consentimiento informado luego de recibir, por parte del médico, información clara, precisa y adecuada con respecto a su estado de salud; el procedimiento propuesto, con especificación objetivos perseguidos; beneficios esperados del procedimiento; riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; los procedimientos alternativos y sus riesgos; y las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos.



Que todo paciente puede reclamar una copia de la historia clínica en hospitales tanto públicos como privados.

Fuente: Diario “Clarín” Sección “Sociedad”, 25 de octubre de 2009.

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