Crítico documento sobre aborto y violencia de género
Lo divulgó el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Al organismo internacional le preocupa que no se reglamente la ley contra la violencia de género, sancionada el año pasado. Y que esté sujeta a interpretación la legislación sobre aborto no punible.
Por: Carlos Galván
En un
crítico documento en el que desglosa los que considera sus "principales motivos
de preocupación" en la Argentina, el Comité de Derechos Humanos de la ONU
reclamó que se reglamente de una buena vez la ley de violencia de género, norma
que fue sancionada por el Congreso en marzo del año pasado pero que sigue sin
ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. El Comité fue más allá de ese simple
demanda: también solicitó que una vez reglamentada la ley goce de "una dotación
presupuestaria que permita su aplicación efectiva en todo el territorio del
país".
Otra preocupación del Comité fue que sean "accesibles en cualquier parte del
territorio nacional" las Oficinas de Violencia Doméstica como la que depende de
la Corte Suprema de Justicia y funciona en la Ciudad. El Comité de Derechos
Humanos también hizo foco en una cuestión bastante más sensible: pidió que se
modifique la legislación argentina para que las mujeres "no tengan que recurrir
a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas".
La legisladora Vilma Ibarra, presidente de la comisión de Legislación General de
la Cámara de Diputados, consideró que los del Comité eran "aportes importantes".
Y específicamente se refirió a la ley de violencia de género: "La verdad es que
se está demorando su reglamentación y esta es una culpa que le cabe sólo al
Ejecutivo". Esta ley se propone prevenir la violencia contra las mujeres desde
la escuela y fija los ámbitos en los que se ejerce la violencia de género:
doméstico, laboral, institucional, contra la libertad reproductiva, obstétrica y
mediática.
Según versiones, la ley de violencia contra las mujeres sería reglamentada el
mes que viene. Ahí, entonces, se cumpliría con la demanda del Comité de las
Naciones Unidas. Pero al parecer ese cumplimiento sería a medias: "Se dice que
el presupuesto que se dispondría para la normativa será bajo y que no alcanzará
para hacer que se aplique la ley en toda su magnitud", dijo Fabián Tuñez,
coordinadora ejecutiva de la asociación Casa del Encuentro.
El del dinero parece ser un tema clave. Sucede que en el Presupuesto 2010 no se
votaron fondos para la aplicación de la ley de violencia de género. De acuerdo a
la diputada Ibarra, el tema del presupuesto debería ser tema este año de debate
parlamentario.
En el siguiente punto el Comité celebró que se haya creado "la Oficina de
Violencia Doméstica con el fin de prestar asistencia a víctimas de maltrato
familiar". Pero mostró su preocupación porque su ámbito de competencia se limita
sólo a la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, demandó que haya oficinas similares
en el resto del país y que "la asistencia jurídica en los casos de violencia
doméstica que llegan a los tribunales esté garantizada".
En la Oficina de Violencia Doméstica aclararon que ya existe una dependencia
similar en la provincia de Tucumán y que pronto se abrirán oficinas similares en
la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Santiago del Estero. El resto del país
deberá seguir esperando.
En el punto 13 de su informe el Comité expresó su "preocupación por la
legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal,
así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las
causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo". El artículo 86
sostiene que un aborto practicado por un médico no es punible cuando se lo
practica para "evitar un peligro para la vida o la salud de la madre" y "si el
embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una
mujer idiota o demente".
"Lo que hizo el Comité es un llamado de atención porque hay dificultades para la
aplicación de este artículo. Siempre aparecen otras voces que cuestionan y
tratan de impedir un aborto" (permitido por la legislación), sostuvo Elsa
Schvartzman, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito.
"El Estado -dice el documento- debe modificar su legislación de forma que la
misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que
éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro
sus vidas". Se estima que en la Argentina se hace casi medio millón de abortos
por año.
OPINIÓN
Hay que concientizar sobre los derechos
En la
Argentina todavía no hay una conciencia clara sobre el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos como humanos, incluido el derecho de las
mujeres a no morir por la interrupción del embarazo.
El Código Penal, sancionado en 1922, reconoce excepciones por las cuales la
interrupción del embarazo está permitida: cuando hay riesgo para la vida y la
salud de las mujeres y cuando hubo una violación. Pero una modificación de 1984
permitió que se interprete que el aborto autorizado en casos de violación sea
sólo para mujer con discapacidad mental. Por esto, algunos jueces hacen
interpretaciones muy restrictivas. Y no permiten que las mujeres violadas, sin
discapacidad mental, puedan acceder al aborto. Es urgente que el Congreso
clarifique la situación.
Hay malformaciones congénitas que se pueden detectar tempranamente durante el
embarazo. Las mujeres con un diagnóstico temprano de estas malformaciones
podrían decidir la interrupción del embarazo.
También hay una responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, que
debería explicar a los profesionales de la salud que deben atender los pedidos
de abortos no punibles en los hospitales públicos y no necesitan consultar a los
jueces.
Un caso que debe ayudar a eliminar esta resistencia es el juicio que se está
desarrollando en Santa Fe por la muerte de la joven Ana María Acevedo. Esta
mujer de 20 años estaba embarazada y sufría cáncer. El embarazo ponía en riesgo
su vida, pero los médicos le negaron el derecho al aborto no punible estipulado
en el artículo 86 del Código Penal.
Mabel Bianco
directora de feim
Fuente: Diario «Clarín», Sección “Sociedad”, 20 de abril de 2010.