acerca de la pena de muerte

PENA DE MUERTE: LA ORGÍA DE CAÍN DE CAPIROTE

Luis Fernando Niño

I. El 27 de agosto de 1984, en virtud de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de la Ley 23077, nuestro país eliminó definitivamente la pena de muerte, al derogar la legislación represiva producida durante la pasada dictadura militar.

¿Por qué decimos "definitivamente"? Porque exactamente trece días antes, el 14 de agosto, el Gobierno argentino había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 4, numeral 3 establece que "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. Por si con ello no bastara, la reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional a esa Convención, complementando desde entonces, merced a su máximo nivel normativo, la cláusula del art. 18 de nuestra Ley Fundamental,

¿Tiene sentido, entonces, dedicar atención a esa bárbara expresión de castigo, hacia cuya lenta pero progresiva extinción se orienta el mundo contemporáneo? Nuestra respuesta afirmativa se funda en dos motivos: a) frente a los ciento cinco países que han abolido formalmente la pena de muerte o bien no la aplican jamás, otros noventa - entre los que se cuenta el Estado materialmente más poderoso del planeta - la mantienen y aplican, pese a los pronunciamientos y movimientos abolicionistas que pugnan por eliminar el asesinato a sangre fría del elenco de sus instituciones; b) en épocas de profunda crisis moral y material, como la que atraviesa nuestra República, resurgen las voces más reaccionarias, proponiendo supuestas soluciones drásticas a los males padecidos por la comunidad. De ellas, acaso sea la pena capital la menos sostenible racionalmente; pero en tiempos de desequilibrio, la razón suele ceder paso al desatino.

Valga entonces poner en claro algunos detalles reveladores de la completa inutilidad de ese infame procedimiento que el insigne constitucionalista argentino José M. Estrada llamó en 1873, con un matiz que hoy se revela erradamente optimista, "una monstruosidad en nuestro siglo".

II. He de centrarme, con tal propósito, en datos publicados en los Estados Unidos de Norteamérica. No sólo por la posición de predominancia económica y militar de esa megapotencia, traducida en fuerte influencia -o, según los casos, ingerencia- en las decisiones políticas de terceros países, sino porque configura el más claro ejemplo de la injusticia y la futilidad de la pena capital.

En 1972, en una decisión presidida por el voto del Magistrado Douglas, la Corte Suprema de Justicia estadounidense declaró inconstitucional la pena de muerte. En realidad, tal modalidad punitiva no se aplicaba desde 1968, pero los argumentos del célebre juez acabaron por desacreditarla, al demostrar, apoyándose en precisas estadísticas, que tal castigo había venido aplicándose de manera ominosamente selectiva, a los negros, a los individuos con escolaridad primaria incompleta, a los pobres -con una renta menor a tres mil dólares anuales, a los marginados y a los débiles mentales.

Desde entonces y hasta 1976, no existieron ejecuciones en la poderosa Unión. En ese año, el cambio en la composición del supremo Tribunal, debido a las designaciones del Presidente Nixon, rindió uno de sus frutos más lamentables, al sostener nuevamente la constitucionalidad de la eliminación premeditada de seres humanos. En ese momento, de los 582 condenados a muerte, 322 eran negros, indios o hispanoamericanos, frente a 260 blancos, cifras que sólo cobran su verdadera dimensión si se toma en cuenta, respecto de la primera, que engloba minorías étnicas, ninguna de las cuales sobrepasa el 12 % de la población total del país.

A partir de aquel año y hasta fines de marzo de 2000 se ejecutó a 625 personas, en una tendencia creciente, cuyo ritmo vertiginoso se patentiza si se computa que durante 1976, 1978 y 1980 no hubo ejecuciones; sólo una en 1977 y en 1981, y dos en 1979 y 1982: en total, seis muertes en siete años. Pero, a partir de entonces, durante los dos gobiernos de Reagan y el de Bush, la cifra no hizo más que ascender, sumando ya 74 en 1997, 68 en 1998, 98 en 1999, y 27 sólo en el primer trimestre de marzo de 2000.

III. Habida cuenta de que trece jurisdicciones de los Estados Unidos mantienen abolida esa expresión punitiva, contándose entre ellas Alaska, Hawai, Wisconsin, Michigan y el Distrito de Columbia, es posible efectuar comparaciones valiosas

Tomando -de dos en dos- estados limítrofes con características que permiten su comparación, nos encontramos con que Iowa, que no tiene pena de muerte tiene la cuarta parte de asesinatos cada 100.000 habitantes que Missouri, que la tiene establecida; Massachussets la mitad que Connecticut, al igual que West Virginia respecto de Virginia y que Wisconsin respecto de Illinois.

Computando las 39 jurisdicciones que prevén la pena capital y las 13 que la abolieron, el promedio total en 1997 ha sido de 6,6 asesinatos cada 100.000 habitantes en el área de estados con pena de muerte, contra 3,5 asesinatos cada 100.000 habitantes en los Estados que no la tienen estatuida.

¿Cómo explicar esa aparente paradoja? Desde la óptica de quienes se apegan al hipotético éxito político-criminal de la pena de muerte, habrá que concluir en que la gente de Missouri, Connecticut, Virginia e Illinois es tan proclive a cometer homicidios que, pese a la diligencia del verdugo, no se los puede contener en su furia criminal. Desde nuestra visión, la razón es la opuesta: cuando desde el poder se banaliza el valor de la vida humana, cuando es legal matar con premeditación y alevosía, la eliminación de un semejante acaba constituyendo una manera más de canalizar los conflictos personales o intersubjetivos, aunque con tal acción -huelga apuntarlo- no se los resuelva en absoluto.

IV. La inutilidad parece explícita. Volvamos ahora sobre la injusta selectividad de estos homicidios premeditados: en el año 2000, del total de condenados a muerte, 35% eran negros (afroamericanos), 7% hispanos, 2% nativos (amerindios) y asiáticos. Blancos, el 56%.

Alguien poco avisado podría decir que había más blancos que negros en el corredor de la muerte. Pero los negros son el 11 % de la población, con lo cual hay una sobrerrepresentación de negros en las ejecuciones de 3 a 1, respecto de los porcentajes de población general: en tanto que los blancos son el 80 % del total.

Aquí cabe interrogarse entonces: ¿será que los negros son el triple de malos que los blancos? ¿Tendrá algo que ver que en los Estados Unidos un hombre negro nace con una expectativa de vida inferior en 5 años y 4 meses a un blanco, según estadísticas oficiales, publicadas por la Enciclopedia Británica en 1994? ¿O bien, que el 98% de los fiscales con competencia para impulsar procesos por delitos conminados con pena capital son blancos, como lo señala un informe de la Universidad de Cornell?

V. Para el final, un guarismo estremecedor en torno a la falibilidad de la justicia de los hombres: el Informe Administrativo del Subcomité Judicial sobre Derechos Civiles y Constitucionales de los EEUU señala que, sólo desde 1973 hasta el fin del siglo XX, ochenta y siete individuos que habían sido condenados a muerte por jueces y jurados de ese país fueron puestos en libertad posteriormente, por evidencia de su inocencia.

VI. No he de abundar acerca de los tormentos psicofísicos del condenado a muerte, durante todo el proceso y hasta el momento de su bárbara eliminación, aspecto nada despreciable a la hora de repudiar esta expresión vindicativa desde una perspectiva iushumanista. Invito a meditar acerca de las bases reales de sustentación de un mecanismo institucional tan inhumano, tan falto de eficacia y tan inequitativamente impuesto. Y a sumarse decididamente a quienes luchan por su abolición en todo el mundo.

Si Caín emerge como el paradigma de la inicuidad fratricida, y el capirote es el añejo aditamento de los muy necios e incapaces, el sórdido festín representado por cada aplicación de la llamada pena capital merece el rótulo que encabeza esta breve aportación.